Una de las iniciativas que el Consejo de Ministros aprobó recientemente es la de modificar la Ley Orgánica 17/2006 de 5 de Junio de RTVE. Concretamente se plantea reducir el número de consejeros, y lo que es más polémico, el nombramiento del presidente de la Corporación de la televisión pública.
Hasta ahora el artículo 11.4 de la citada Ley Orgánica exigía una mayoría de dos tercios en el Congreso de los Diputados para la designación de este cargo. Sin embargo este precepto estaba regulado en virtud de una Ley Orgánica para cuya aprobación basta la mitad más uno de los diputados. O lo que es lo mismo: para elegir al presidente de RTVE se necesitaban 234 votos porque lo establecía una ley aprobada por 176 diputados y modificable por el mismo número.
Esta modificación lejos de constituir un atropello democrático , como la han calificado algunos, supone una racionalización de nuestro ordenamiento jurídico. No tiene sentido que las leyes le pongan trabas al funcionamiento de los organismos públicos cuando estas trabas carecen de obligatoriedad constitucional.
